Foro de Quetzaltenango: un “parteaguas” por el compromiso ambiental

• En el marco del Foro “Seguridad ecológica, cambio climático y soberanía del agua en las tierras y territorios de los pueblos indígenas”, en la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala, durante los días 12 y 13 de agosto del 2009, más de 40 organizaciones guatemaltecas expusieron sus experiencias en torno a conflictos hídricos.
• En el Foro, organizado por el Tribunal Latinoamericano del Agua, con el apoyo de la organización Agua del Pueblo, se retomaron algunos casos claves de la Audiencia de Guatemala 2008, como el caso de la laguna Chichoj, el caso del Río San Juan o la minería de la empresa Montana.
• Al finalizar, los participantes acordaron emitir la Declaración de Xelajuj N´oj en la que reconocieron la naturaleza vinculante del Tribunal Latinoamericano del Agua, como institución juzgadora.

Quetzaltenango, Guatemala. 13 de agosto de 2009- En el marco del Foro “Seguridad ecológica, cambio climático y soberanía del agua en las tierras y territorios de los pueblos indígenas” realizado en la ciudad de Quetzaltenango, el Tribunal Latinoamericano del Agua escuchó a más de 40 organizaciones indígenas guatemaltecas. También dio seguimiento a casos que tras la Audiencia de Antigua Guatemala- 2008.

Algunos de ellos, abrieron canales de diálogo y compromisos entre las partes. Este fue el resultado de la denuncia en la Audiencia 2008 del caso del río San Juan y del de la Laguna Chichoj. En el caso del río San Juan el Instituto Nacional de Bosques firmó un Acuerdo de Intenciones en el que se comprometía a “implementar un programa de protección, regeneración y reforestación de los bosques ubicados en la Cuenca del Río”. En el caso de la Laguna Chichoj la Asociación para el Desarrollo Integral Verapaz y las autoridades locales de Alto Verapaz firmaron un acuerdo de conciliación y acercamiento para manejar de forma más integrada la cuenca y cuidando los vertidos industriales y domésticos.

Caso del río San Juan

Un año después de los acuerdos, Ramón Vicente Ailon, Presidente de la Comunidad Linguística Maya Chalchiteka, denunció el incumplimiento del Acuerdo de Intenciones por parte del INAB en todos los compromisos del ente gubernamental. Señaló positivamente el hecho de que los guatemaltecos han adquirido mayor conciencia sobre la necesidad de protección del río San Juan y que la comunidad local ha limitado el corte de árboles para obtención de leña y ha reforestado doce manzanas de las tierras comunales ubicadas en la Cuenca.

Por su parte, el Ingeniero Miguel Castillo, Director Subregional VII-2 del INAB Huehuetenango presentó una exposición de los factores por los cuales consideran que no ha avanzado el proceso, que se centraban en “la falta de iniciativa de la comunidad Maya Chalchiteka”. Ante la falta de entendimiento, ambas partes se reunieron en la noche del 12 de agosto en presencia de miembros del Tribunal para debatir.

Caso de la Laguna Chichoj

En el caso de la Laguna Chichoj, según señaló la ambientalista Maya Poqomchi`, Lesvia Mus, directora de la Asociación para el Desarrollo Integral Verapaz (Asoverapaz) “se siguen realizando mesas de concertación ambiental y la Municipalidad de San Cristóbal Verapaz cumplió con los compromisos de construir una Garita Ecológica para vigilar la deposición de desechos sólidos en el área de la laguna, así como de aprobar un Reglamento de Construcción Municipal.”.

Lesvia Mus denunció sin embargo que “el Consejo de Desarrollo Departamental de Alta Verapaz ha suspendido el giro de un cheque de Q 200,000 (doscientos mil quetzales), destinado a la construcción de las Plantas de Tratamiento, lo cual lo hace inviable” y añadió que el programa de reforestación se ha centrado únicamente en la plantación de pinos, sin tener en cuenta variedad de especies de la flora y la biodiversidad de la región.

Por su parte, la municipalidad de San Cristóbal Verapaz presentó públicamente el informe institucional sobre el cumplimiento de los acuerdos asumidos, destacando la construcción de la Garita Ecológica y la aprobación del Reglamento de Construcción y Ornbato de la Villa de San Cristóbal Verapaz, Departamento de Alta Verapaz.

Caso Minería a cielo abierto en la cuenca del río Cuilco y subcuenca del río Tzalá.

Peor suerte corrió el caso vinculado con la actividad minera de la empresa Montana Exploradora de Guatemala S.A. en las comunidades mayas Mam y Sipakapense, sobre el que el jurado de la Audiencia 2008 falló recomendando estudios independientes adecuados, una indemnización por los daños ocasionados al ambiente y a la población de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa y el respeto de los convenios internacionales suscritos por parte del estado guatemalteco, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que desde 1997 se encuentra en la legislación nacional en categoría de ley.

A pesar del severo impacto ambiental en los ríos Cuilco y la subcuenca del río Tzalá y de haber vulnerado los derechos de información y consulta previa, la corporación minera continúa operando a cielo abierto en la región. Según se observa, la institucionalidad guatemalteca posee una limitada capacidad para regular las industrias extractivas y el impacto socio ambiental que generan.

Nuevos casos

El creciente auge de los monocultivos es otro de los factores de presión territorial identificados en este foro. La Asociación de Vecinos para el Desarrollo Integral de Champeriro (AVEDICHAMP) y miembros de la Coordinadora de Comunidades Guatemaltecas por la Defensa de los Manglares y la Vida (COGMANGLAR) denunciaron el deterioro de los manglares de la costa pacífica de Guatemala, como resultado de la expansión de los cultivos de caña de azúcar y palma africana.

Otros de los nuevos casos presentados fueron la contaminación de los ríos Oc, Sis e Ixpaquibal en el municipio de San Andrés Villa Seca, en el departamento de Retalhuleu; la vulneración de la zona de recarga de la Montaña Las Granadillas, en el municipio de Zacapa, departamento de Chiquimula; la Situación del Lago de Izabal, en el departamento de Izabal; o la situación de los Bosques comunales en el cantón de Juchanep en el departamento de Totonicapán.

Al finalizar el foro, las más de 40 organizaciones participantes (indígenas y ladinas) acordaron emitir la Declaración de Xelajuj No´j en la que legitiman y reconocen “la naturaleza vinculante del Tribunal Latinoamericano del Agua, como institución juzgadora, donde las comunidades y pueblos indígenas recurren a su jurisdicción ética para medidas cautelares a favor de las comunidades en relación al agua (…)”.