Organizaciones pampeanas denuncian el corte del río Atuel en Audiencia Pública
- En la primera sesión de la Audiencia Pública 2012 del Tribunal Latinoamericano del Agua, la Fundación Chadileuvú (FUCHAD) ha demandado al Estado Nacional Argentino y a la Provincia de Mendoza por el Corte unilateral del Río Atuel.
- Argumentan que el corte de la escorrentía ha causado graves daños sociales, culturales e hídrico-ambientales en territorio pampeano.
- La Jornada ha sido declarada de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa.
Lunes, 5 de noviembre de 2012- En la primera sesión de la Audiencia Pública del Tribunal Latinoamericano del Agua, la Fundación Chadileuvú (FUCHAD), acompañada de una importante delegación de más de 200 miembros de organizaciones pampeanas, ha demandado al Estado Nacional Argentino y a la Provincia de Mendoza por el corte unilateral del Río Atuel.
El caso fue presentado tras la inauguración que se llevó a cabo en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UBA, donde participaron el secretario de Hacienda de la Facultad de Derecho, Alejandro Gómez; Marcela Ferreyra de la Asociación Latinoamericana de Operadores de Agua y Saneamiento (ALOAS) y el presidente del Tribunal Latinoamericano del Agua, Javier Bogantes, que subrayó la importancia de las discusiones públicas científico-técnicas de los casos de afectación hídrica que se presentan en todo el continente.
En esa línea, Javier Bogantes declaró que a menudo “prevalecen criterios de desarrollo cortoplacistas que han obviado los criterios de sostenibilidad y la prudencia en las políticas de desarrollo, lo que en ecología es esencial”. Estas estrategias son un “mal negocio porque ponen en riesgo los recursos fundamentales para la vida y el desarrollo productivo: el agua y la tierra.”
“En este devenir la tarea del Tribunal Latinoamericano del Agua ha buscado la posibilidad de influir a través de foros, conferencias y audiencias en los criterios políticos que generan estos proyectos y mega proyectos conflictivos, controversiales, riesgosos. En el 1590 nos decía Giordano Bruno que si bien “hay muchas cosas posibles que no son justas nada hay empero justo que no sea posible”, agregó Bogantes.
Para apoyar la demanda de FUCHAD contra la Provincia de Mendoza y el Estado Nacional Argentino, estuvo presente en la Audiencia el Vicepresidente 1° de la Cámara de Diputados de la provincia de la Pampa y Presidente de la Comisión de Ríos Interprovinciales, Juan Pablo Morisoli, que entregó al Tribunal una resolución de esa Cámara que declara de Interés Legislativo la Jornada de la Audiencia. Además, estuvieron presentes legisladores pampeanos, entre ellos el senador de la Unión Cívica Radical (UCR) Juan Carlos Marino, y una gran comitiva de pobladores de La Pampa, presuntamente afectados por falta del acceso a su derecho humano al agua.
La demanda de Fuchad, presentada por Hector Gómez, Martín Berhongaray y Water Cazenave, acusa que la reducción del caudal hídrico del Río Atuel en territorio pampeano ha sido sistemática desde comienzos del Siglo XX y que en 1947 el Proyecto Hidroeléctrico El Nihuil “acabó con la escorrentía permanente del río aguas abajo, afectando a la disponibilidad hídrica para consumo humano, al su uso productivo en La Pampa y produciendo graves daños ambientales que han contribuido a la desertificación de la provincia, a la pérdida de su biodiversidad y a su despoblamiento”.
Según indicaron los denunciantes, a pesar de que en 1987 la Corte Suprema de Justicia resolvió la “interprovincialidad” del Río Atuel y exhortó a Mendoza a que realizara obras para mejorar la eficiencia del riego, la provincia de Mendoza no ha hecho nada al respecto. Además FUCHAD ha denunciado el incumplimiento del tratados interprovinciales (1989, 1992, 2008) y ha señalado que esta situación vulnera numerosos convenios internacionales ratificados por Argentina en torno a la repartición equitativa de aguas transfronterizas.
Por su parte, la defensa de Mendoza, a través de un oficio firmado por el ministro de Infraestructura y Energía de esa provincia, Rolando Baldasso, afirmó que “la firma del convenio celebrado en agosto de 2008, donde Mendoza manifiesta la voluntad de proveer un caudal mínimo permanente de escurrimiento con destino a la Provincia de La Pampa”. Dicho convenio “está sujeto a la aprobación de la Legislatura provincial”. El diputado pampeano Martín Berhongaray replicó que “ese acuerdo jamás entró en vigencia” y que a la Legislatura mendocina “le falta de aprobar el presupuesto para la infraestructura hidráulica”.
El Jurado del Tribunal Latinoamericano del Agua, integrado por Philippe Texier, quien fuera presidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas; Alexandre Camanho de Assis, Procurador regional de la República de Brasil; el muralista mexicano Ariosto Otero y la Dra. Silvia Nonna, experta y asesora de la Nación Argentina en materia legal medioambiental y la Dra. Giselle Boza Solano, directora del Sistema Radiofónico Universitario de Costa Rica resolverá el caso y emitirá veredicto al término de las sesiones de la Audiencia Pública el día 9 de noviembre de 2012.
Mañana, martes 6 de noviembre, a las 10.30, la Audiencia continuará su periodo de sesiones con el contradictorio entre el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Socioambientales (OLCA), el Consejo de Defensa del Valle del Huasco contra la Compañía Minera Nevada Ltda. (Subsidiaria de la canadiense Barrick Gold) y el proyecto minero binacional Pascua Lama.
A las 14, iniciará el Contradictorio Asamblea Nacional de Afectados Ambientales de México (ANAA) contra la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (PROFEPA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Secretaría de Salud por la posible afectación y merma del caudal hídrico en la República Mexicana.
La entrada es pública y gratuita. Los esperamos en el Salón Auditorium de la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires.
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