Estado mexicano denunciado por caso medioambiental ante el TLA

La denuncia ha sido presentada por la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales de México (ANAA), en la Sexta Audiencia Pública del Tribunal Latinoamericano del Agua. La Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (PROFEPA), alega que los asuntos hídricos “no son de su competencia”.

Martes, 6 de noviembre de 2012- La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales de México (ANAA) ha denunciado a la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (PROFEPA), a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y a la Secretaría de Salud por el deterioro general de los ecosistemas que se ha experimentado en México en los últimos años.

La ANAA agrupa  57 organizaciones y alrededor de 200 resistencias locales frente a proyectos susceptibles de dañar sus recursos y ecosistemas hídricos (minería a cielo abierto, centrales hidroeléctricas, expansión urbanística o corredores agro-industriales, entre otros) en la República mexicana.

En la Audiencia, Raúl García Barrios, portavoz de la ANAA ante la Audiencia Pública del TLA ha denunciado que “las políticas neoliberales han puesto en grave riesgo todas y todos los habitantes de México, además de saquear los territorios de pueblos indígenas y campesinos”. Para ello ha presentado un estudio detallado donde se señala, entre otros, “el incremento exponencial de la sobreexplotación de acuíferos, la disminución de la disponibilidad media de agua por habitante en México, la falta de un tratamiento sistemático de las aguas residuales e industriales o la contaminación de 21 de las 728 cuencas hidrológicas del país”.

El la demanda se hace hincapié en “la proliferación de concesiones mineras -hasta 24.000 en los últimos 10 años- con concesiones de aguas preferentes, en la especulación urbanística vinculada a los grandes capitales f

inancieros, en las políticas agropecuarias que privilegian el mercado de agro-químicos y el monocultivo, en la vulneración de los derechos de derecho a la consulta previa o en las políticas asistencialistas que destruyen el tejido social”.

Por estas razones, los demandantes han solicitado al Tribunal Latinoamericano del Agua que “condene al estado mexicano por la situación del agua en México  elevando esta condena a las Naciones Unidas, que recomiende la realización de una Auditoría integral y que inste a las autoridades correspondientes a que defiendan las leyes, establezcan compromisos de restauración hídrica, reformen el sistema de procuración de justicia ambiental y eliminen las restricciones al acceso a la información que presuntamente la impone CONAGUA”.

Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (PROFEPA) ha alegado, a través de un oficio, y señalando que el Tribunal Latinoamericano no posee coacción legítima para requerir la presencia de las autoridades gubernamentales de los Estados Nación, que “no cuenta con atribuciones en materia de agua y sistemas hídricos, por lo que el C. Procurador Federal de Protección al Ambiente, jurídicamente se encuentra imposibilitado para la intervención en el caso en regerencia, así como para exponer argumentos científico-técnicos, jurídicos, económicos o políticos” en respuesta a la demanda.

El Jurado del Tribunal Latinoamericano del Agua, integrado por Philippe Texier, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Francia, Alexandre Camanho de Assis, Magistrado del Ministerio Público y Procurador de la República de Brasil, el muralista mexicano Ariosto Otero y Dra.Silvia Nonna, experta y asesora de la Nación Argentina en materia legal medioambiental y Giselle Boza Solano, destacada abogada y periodista costarricense resolverá el caso y emitirá veredicto al término de las sesiones de la Audiencia Pública el día 9 de noviembre de 2012.

Escuchar Audio de la presentación del caso aquí.

Mañana miércoles 7 de noviembre, a las 10.30, se escuchará el contradictorio entre los Vecinos Autoconvocados de González Catán y la Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) por la posible afectación de los mantos acuíferos en González Catán, Matanza, Buenos Aires. En este caso, ambas partes se personarán a declarar.

Por la tarde, a las 14.00, se escuchará el contradictorio entre el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo (Grufides) y la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) contra el Estado Peruano y la empresa minera Yanacocha S.R.L. por ejecución del proyecto minero Conga, que amenaza al medio-ambiente y el derecho al agua en la región de Cajamarca, Perú, y ha provocado una importante crisis de gobernabilidad en todo el país andino.